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A continuación transcribimos un análisis que lo hemos tomado del Blog Equidad con Desarrollo:
Sobre los temas de la Consulta Popular
Preguntas 1 y 2.-
El problema de la inseguridad jurídica, de la impunidad, ni de lejos proviene solo de los numerales 9 y 11 del artículo 77 de la Constitución, en la que por imitar instituciones jurídicas extranjeras es establece una caducidad de la prisión preventiva en 6 meses y un año para delitos sancionados con prisión o reclusion respectivamente y medidas sustitutivas de la prisión que se convierten en un atajo negociable para jueces corruptos. Estos pormenores no debieron introducirse en el texto de la Constitución sino ser materia de reformas de Ley. De estos embrollos y contradicciones está llena la Constitución de Montecristi y en casi todos los ámbitos, lo cual demuestra que el problema es mas profundo y global y hay que encararlo con la escamoteada y postergada “muerte cruzada” y conjuntamente con ello.
Pregunta 3.-
Como no vamos a estar de acuerdo “toditos”, perdon…todos y todas, que no es posible lindar sus negocio seguir permitiendo que quienes tienen el poder económico o EL PODER POLÍTICO, manipulen, la comunicación colectiva, a sus anchas, sometiendo sino a la mordaza por lo menos al bozal o a la cuchara a todos los “gorriones de los diarios”.
El capital especulativo, sabe que necesita del poder politico, para blindar sus negocios y manipular con espacios monopolicos el mercado y el poder político cree indispensable hacer de la comunicación colectiva su valuarte inexpugnable, y es precisamente esto lo que es necesario superar si queremos establecer una efectiva democracia.
Pregunta 4.-
A la casi totalidad de los ecuatorianos nos indigna, y no mismo encontramos explicación válida al observar como en la Constituyente armaron un “pichi sorteo” para desarmar la Función Judicial y como luego por tanto tiempo el país fue sometido al limbo judicial. La Función de Transparencia y Control Social, no sabemos por qué razones, no procedió en forma inmediata e imparcial a cambiar esa olla de grillos que se ha armado en el Consejo de la Judicatura y posibilitar que el nuevo Consejo de la Judicatura, proceda a nombrar sin tanto vericueto, ni pérdida de tiempo la nueva Corte Nacional de Justicia ¿ Qué intereses estaban detrás o delante de todo esto?. A mi me parece que alguien responsablemente se dio cuenta de lo que iba a pasar con estos concursos y designaciones y por ello buscó formas de halar del freno, conociendo como ya va conociendo muy bien, a los de su entorno revolucionario.
Pregunta 5.-
Todos los ecuatorianos, menos los que sabemos, como en la campaña del 2008, decimos
ahora a voz en cuello ¡¡¡“Mil veces sí a la Patria”!!....hay que reformar en forma urgente la Constitución del Sumak Kawsay para que no se prolongue ni se complique más el “Mal Vivir”, pero lo grave es que no ha de ser posible cambiarla, con los mismos que con tanta habilidad o embuste, crearon el galimatías indigesto de innovadoras garantías y derechos y una estructura enrevesada que vuelve imposible que el ciudadano común que no tiene el poder de la Cervecería, ni de los altos círculos, pueda concretarlos o defenderlos. La calentura no está en las sabanas el problema no consiste en cuantos miembros integren el Consejo de la Judicatura, sino en asegurar una efectiva separación de las funciones del Estado que si bien en Montecristi los “infiltrados con agenda propia” la enunciaron, en la práctica la negaron porque les interesaba, con visión coyuntural y politiquera, buscar formas taimadas de concentrar el Poder politizando la justicia. Además, el Consejo de la Judicatura no debería ser parte de la Función Judicial sino de una verdadera Función de Control, dejando las tareas administrativas de la Función Judicial a la propia Función Judicial, si es que se quería sinceramente salvaguardar su autonomía.
Pregunta 6.-
Casi todos los ecuatorianos, con la excepción de los que sabemos, estamos de acuerdo, desde hace mucho tiempo que es tan grave el enriquecimiento injusto como el enriquecimiento ilícito y que esto no es ni puede ser solo cuestión de funcionarios públicos y que por tanto esta figura penal existe como es obvio tanto a nivel público como privado. Precisamente en esto se han basado fundamentalmente todas las normas sobre el lavado de activos, hasta la mismísima requisa en las cochinerías de los bienes o artefactos cuya propiedad no pueda ser legalmente justificada. Ahora bien, aquello de que la Función Legislativa debería trabajar sin dilaciones ni mañoserías como las aplicadas en la Ley de Servicio Público, aprobada por unanimidad precisamente para escamotear el establecimiento de un sistema único y equitativo de remuneración del sector público, que fue realmente lo que originó el inducido conflicto del 30 de Septiembre, eso debió solucionarse precisamente con la aplicación constitucional de la “muerte cruzada”.
Pregunta 7.-
En el país se practican infinitas formas de juegos de azar, rifas, ruletas, bingos, etc, hasta las empresas de telefonía celular y las loterias de todo tipo, hacen negocios o filantropía con juegos de azar profusamente publicitados hasta con publicidad engañosa y ahí tambien la calentura no está en las sábanas sino en el clima de caos y delincuencia que lo contamina todo y que hace de los casinos en los hoteles de lujo, verdaderos centros de operación para la delincuencia de alto coturno.
Pregunta 8.-
Tambien un 78.7%, según encuestadoras prestigiosas y serias que, dicho sea de paso en estos últimos tiempos, se han enriquecido injustamente, estamos pues muy de acuerdo que la indefectible muerte y el dolor tanto de los seres humanos como tambien de los animales de todo tipo, no puede convertirse en un espectáculo, como el que todos los días observamos con morbosa curiosidad. Eso de que se prohíba en el respectivo Cantón y no a nivel nacional, los espectáculos que tengan por finalidad dar muerte al animal, llevaria fácilmente al establecimiento de islas o paraísos de la torería, del rejoneo a caballo, del boxeo, la lucha libre y la pelea de gallos y de perros y otras formas espectaculares de confrontación épica que producen resultados políticos..A propósito, se les olvidó consultar si se prohíben los perros de raza Pit Bull en las parroquias que crean conveniente consensuar entre todos y todas esta prohibición.
Pregunta 9.-
Por cierto que todos, un 99.9 % según las encuestadoras serias que sabemos, estamos de acuerdo, que la Asamblea Nacional, que gracias al 30 de Septiembre se libró de la terrorífica “muerte cruzada”, sin mas dilaciones como acertadamente reza la consulta del Ejecutivo, destape el corcho y saque del limbo de la unanimidad revolucionaria la Ley de Comunicación denominada “Ley Mordaza” por los propietarios privados y públicos de las grandes cadenas mediáticas. Casi la totalidad de los ecuatorianos de a pié, menos los pelucones oficiales y particulares, estamos de acuerdo en que se eliminen las trabas y dilatorias de procedimiento que han sido introducidas para fomentar la impunidad del sicariato verbal o de tinta y el fariseo asedio medíático, con que el poder económico y el poder político a través de sus obsecuentes, con cero tolerancia, imponen sus intereses particulares o familiares sobre los de la sociedad y el Estado. Allá por 1985, cuando vino el Papa, período de Febres Cordero el Congreso Nacional aprobó una Ley que regula la Comunicación Colectiva que el Ejecutivo la veto y Mons. Juan Larrea Holguín decía textualmente en un telegrama de 7 de Julio de 1986 que fue publicado: “…indispensable tutelar libertad precisamente regulándola y evitando atropellos y abusos. Bien Común de la Nación exige, regulación uso de medios de comunicación inventados después de vigencia Código Penal y que en otras naciones civilizadas se hallan debidamente regulados protegiendo altos valores moral, salud, orden y seguridad. Atentamente Obispo Juan Larrea Holguín”. Hay que suponer que Monseñor Larrea Holguín no era ni sería pues “Socialista del Siglo XXI” sin embargo reconocía la necesidad de que desde una instancia imparcial y ágil de Control del Estado, alejada totalmente de la coyuntura e intereses políticos de un gobierno, un partido o grupo empresarial o gremial, se regule la comunicación colectiva precisamente para preservar la libertad y evitar la manipulación politiquera de la opinión pública. Los ecuatorianos precisamente no queremos que con el “Consejo de Comunicación” que se propone suceda lo que ya nos está sucediendo con la cuarta y quinta funciones del Estado, que lejos de controlar están en realidad controladas.
Pregunta 10.-
Todos los ecuatorianos, menos los que sabemos, estamos plenamente de acuerdo en el aseguramiento universal de todas las personas, como lo garantiza expresamente la Constitución y para todos los servicios públicos básicos, como salud, protección social, educación y que por tanto, el aseguramiento universal, no puede depender de la buena o mala voluntad de un empleador o del hecho de que la persona tenga o no un trabajo estable y que por tanto, antes de que manden preso al zapatero que no afilió al IESS a sus operarios, es INDISPENSABLE cambiar radicalmente el Seguro Social, que no puede ser utilizado como instrumento de esa forma perversa de hacer política, valiéndose de la necesidad de las gentes para generar cadenas monopólicas de dependencia. El Seguro Social debe ser ante todo como su nombre lo indica SEGURO y no instancia partidista, ni importador mañoso de medicinas, ni mal administrador de clínicas ni hospitales, ni de funerarias ni empresas inmobiliarias y debe garantizar a todos sus afiliados el que puedan tener la libertad de optar según sus necesidades por estos servicios, declarados gratuitos pero en realidad inexistentes.
Instituciones aplicadas en democracias nórdicas, introducidas mediante la novelería política por asesores extranjeros como aquella de la “muerte cruzada” o la disolución de una legislatura para convocatoria inmediata a elecciones de ejecutivo y legislativo, en nuestro país, viveza criolla de por medio, han devenido en una forma de chantaje colectivo para sostener una actitud APARENTEMENTE subordinada de la Función Legislativa, que fácilmente es cambiada, por mutua conveniencia, en consultas plebiscitarias, en las que muy lejos de atenderse al contenido mismo de lo que se consulta, se busca camufladamente un respaldo electoral, poniendo de por medio temas que constituyan evidentes preocupaciones de la ciudadanía o de sectores influyentes de la sociedad.
Este artículo escrito por José Bolivar Castillo fue tomado del Blog Equidad con Desarrollo
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